La Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) quiere expresar su completa repulsa a la condena de 301 euros de multa a la que se enfrentan diferentes activistas pertenecientes a las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, organización que se encarga de la documentación y denuncia pública de las redadas racistas de la policía en la Comunidad de Madrid.
Pese a que desde el Ministerio del Interior se niegue cínicamente, lo cierto es que las identificaciones, cacheos y detenciones de personas por motivos raciales son prácticas tristemente cotidianas en el Estado Español que han sido denunciadas incluso en el IV informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, organismo independiente del Consejo de Europa.
Asimismo, no podemos olvidar que en los dos últimos años se han filtrado en Madrid circulares internas de la Policía en la que se establecían cupos de 35 detenciones de inmigrantes por semana, o en donde se promovía la detención de marroquíes ya que su expulsión resulta más barata y ágil que las de personas de otras nacionalidades.
Esta realidad, constatable diariamente en los barrios obreros, es la que estaban denunciando las/os compañeras/os de las Brigadas Vecinales los pasados días 21 de diciembre y 22 de febrero en los barrios de Lavapiés y Carabanchel. Aunque su actividad consistía en repartir panfletos denunciando los controles arbitrarios de la policía, han sido falsamente acusadas/os de impedir la labor policial y de "Provocar reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”.
Desde de la UJCE entendemos estas medidas como un intento de persuadir mediante el miedo y el ahogo económico a las organizaciones que realizan pacíficamente su derecho a fiscalizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. No es un hecho aislado, sino una estrategia represiva que engloba procesos como el del fotógrafo de Diagonal Edu León, quien se ha enfrentado ya a cuatro juicios y varios días en el calabozo por documentar gráficamente estos hechos.
La Juventud Comunista quiere denunciar, además, la política de inmigración del Estado Español. A las redadas por motivaciones étnicas hay que sumar las dificultades burocráticas para la obtención de papeles; la detención por hasta 60 días en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de ciudadanos que no han cometido delitos sino meras irregularidades administrativas motivadas por su situación de residencia, en donde se acumulan denuncias por hacinamiento, torturas, incomunicación, racismo, etc, e incluso la expulsión del país por su condición de personas inmigrantes sin recursos.
Animamos a la Sociedad Civil a organizarse contra estos atropellos.
Nativa o extranjera, ¡La misma clase obrera!
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